El conflicto en la empresa Lustramax, que produce y distribuye artículos de limpieza, se ha convertido en una radiografía inquietante de cómo operan hoy ciertos sectores del poder empresario en la Argentina de Milei. Despidos masivos sin causa, persecución a delegados sindicales y violaciones abiertas a la conciliación obligatoria se combinaron con algo todavía más grave: la intervención ilegal de la Gendarmería Nacional en una asamblea obrera y la aparición de un entramado paraestatal que articula intereses privados con el aparato represivo del Estado. En otras palabras: un grupo de lobby con influencia empresarial, mediática y política para hacer campañas contra los trabajadores y conseguir favores ilegales del Estado. En enero de 2026, un operativo de la Gendarmería Nacional se hizo presente en las puertas de la fábrica Lustramax, en el partido de Malvinas Argentinas (PBA). Oficiales de esa fuerza formaron un cordón frente a la puerta, a metros de los trabajadores que estaban en asamblea permanente, y se quedaron hasta las 14 horas. El motivo según el registro oficial: «reunión por bloqueos gremiales». Sin embargo, la intervención de la Gendarmería fue claramente ilegal. Durante el conflicto, la empresa comandada por la familia Sosa, lejos de estar en crisis, pretende usar el conflicto como excusa para disciplinar a sus trabajadores y ensayar una avanzada más profunda, apoyada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), sus vínculos con el poder político y su capacidad de “activar” a la Gendarmería Nacional por fuera de la ley. La defensa de los trabajadores y distintas medios periodísticos revelaron las relaciones de los empresarios Bada Vázquez, dueños de la empresa, con el mayor escándalo político y judicial de 2025: el caso Espert-Machado. El objetivo central del MEAB no es resolver el conflicto en Lustramax sino avanzar en una causa penal para un eventual desalojo que sirva como ejemplo a toda la clase trabajadora. Este conflicto lo quieren convertir en un “laboratorio” que imponga “resoluciones” a conflictos sindicales al antojo de las empresas, por la vía de acciones por fuera de la ley y con el uso ilegal de la fuerza pública, como si fuese una fuerza privada. La propia empresa Lustramax declaró más de $9.000.000.000 de ganancias en los tres balances contables. Por esto la salida de este conflicto es posible, pero prefieren otro camino que tiene por objetivo lo que quiere el MEAB: el escarmiento a los trabajadores. Está claro. Lo que está en juego no es solo el respeto por los derechos laborales y sindicales de esas familias: “es un caso testigo del intento de avanzar en una política fascista contra la clase trabajadora, que tenemos que enfrentar con la más amplia unidad”.
